>La próxima sesión del Senado, prevista para este jueves las 11:00, se perfila como una jornada extensa, con una duración estimada de al menos 7 horas, según lo acordado en la reciente reunión de Labor Parlamentaria.

El inicio de la sesión estará marcado por el tratamiento de cuestiones de privilegio, y la oposición ya anticipó que presentará numerosas objeciones dirigidas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en respuesta a su solicitud de allanamiento a periodistas y medios de comunicación. Una vez superado este segmento, el debate se centrará en los proyectos legislativos incluidos en el orden del día.

En cuanto a la viabilidad de los proyectos principales, tanto desde el oficialismo como desde otros bloques se descartó la posibilidad de que ambos obtengan los votos necesarios para su aprobación. En el caso de la Ley de Discapacidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados y fue vetada por el Ejecutivo, se requiere el respaldo de dos tercios de los presentes para avanzar. Además, dado que la ley no fue tratada en comisiones ni existe un pedido formal de sesión, ese mismo umbral es indispensable para habilitar el recinto y su tratamiento. No obstante, desde distintos sectores aseguraron: “Están los números para sesionar y para aprobar”.

Respecto a la modificación de la ley de DNU, si el Senado la aprueba, obtendrá media sanción y deberá pasar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. La iniciativa, impulsada por la senadora cordobesa Alejandra Vigo del bloque Unidad Federal y respaldada por otros sectores, propone que los DNU cuenten con un plazo de 90 días para ser aprobados sin excepción por ambas cámaras. Actualmente, si ni Diputados ni el Senado los rechazan —sin límite temporal—, los decretos permanecen vigentes. El dictamen también establece que el rechazo por parte de una sola cámara bastará para su caída y que cada decreto deberá limitarse a un área específica, evitando que el Ejecutivo legisle sobre múltiples sectores simultáneamente. Un ejemplo de la situación actual es el DNU 70/2023, firmado por la administración de La Libertad Avanza (LLA), que declaró emergencias en diversas áreas y propuso reformas económicas, desregulación del mercado de salud, modificaciones en contratos inmobiliarios y laborales, y la derogación de leyes de fomento y regulaciones de mercado. Este decreto fue rechazado por el Senado, pero al no haber sido rechazado por Diputados, sigue vigente.