La presentación de un proyecto de ley para nacionalizar vehículos indocumentados genera debate en Bolivia. La semana pasada, el diputado opositor Reinaldo Seas, de la alianza Libre, presentó la propuesta de regularización de los denominados "autos chutos" con el objetivo de destinar el 50% de la recaudación a infraestructura vial y el resto como apoyo económico a las alcaldías del país.

La propuesta no deja de ser controversial: si bien sus impulsores sostienen que permitiría regularizar miles de vehículos que ya circulan en el país, ampliar la base tributaria y generar ingresos para el Estado, sus detractores advierten que podría premiar el ingreso irregular de automóviles, incentivar el contrabando y abrir la puerta a la legalización de vehículos robados o cuya procedencia no pueda verificarse.

El debate también reaviva un problema de larga data entre Bolivia y Chile. Autoridades chilenas han denunciado durante años la existencia de redes dedicadas al robo de vehículos, la falsificación de documentos y su traslado ilegal a Bolivia a través de pasos fronterizos clandestinos.

Si bien algunas autoridades regionales y legisladores respaldaron la medida, como el gobernador de La Paz, Luis Revilla; quien planteó hacerlo por "última vez", el proyecto de Seas no obtuvo el respaldo de su bancada, que le pidió retirar la propuesta. "Nosotros no vamos a legalizar el crimen, lo robado no se puede legalizar", afirmó el expresidente Jorge Quiroga, jefe de la alianza Libre, en una entrevista en el canal Gigavisión.

En tanto, la posición del Gobierno ha sido cautelosa. A pesar de que el presidente Rodrigo Paz prometió legalizar vehículos indocumentados durante la campaña electoral en la que afirmó que parecía "un pecado tener un auto chuto en Bolivia" y que no legalizarlos "sería un grave error"; hoy su ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, evitó manifestarse a favor o en contra de la propuesta y dijo que había que analizar la propuesta y "ver si es bueno".

La iniciativa ha generado rechazo en Chile, donde se denuncia que aumentaron los robos de vehículos en la zona fronteriza a raíz de la presentación del proyecto de ley. Según el diputado de ese país, Sebastián Videla, en las 48 horas posteriores al anuncio se produjeron tres robos en la región de Antofagasta, frontera con Bolivia.

En ese sentido, Videla anunció que solicitará una reunión con la Cancillería chilena para que se analice la propuesta boliviana y acudirá a instancias internacionales. "Cualquier país puede sacar el proyecto que considere conveniente, se discutirá y se aprobará, pero lo grave acá es que el proyecto que quieren aprobar está afectando a Chile", señaló citado por medios locales.

No es la primera vez que se propone legalizar autos indocumentados en Bolivia. En junio de 2011, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) promulgó la Ley 133 de Saneamiento Legal de Automotores, a través de la cual nacionalizó y registró miles de vehículos "chutos" que habían ingresado al país de contrabando.

Según reportes de prensa, se registraron 71.995 vehículos en todo el país y se logró una recaudación de aproximadamente 175 millones de dólares en pagos aduaneros. El proceso exigía que los propietarios presentaran el vehículo ante la Aduana Nacional para su revisión física y obtuvieran un certificado de la Dirección de Investigación Policial que acreditara que el vehículo no contaba con denuncias de robo en países vecinos.