La semana pasada, la Justicia procesó con prisión preventiva a una familia entera, convertida en una suerte de ingeniosa pyme del delito. Walter Benito Olivares Eustaquio, Eva Demetria Esquivel, Ailén Rosa Daiana Carrucciu y Marcelo Alejandro Suárez son oriundos de Monte Castro y Lanús: Olivares y Esquivel son pareja; Carrucciu es hija de Esquivel. Suárez, tan solo un amigo.

El juez Martín Yadarola, titular del Juzgado de Instrucción N°4, acusó al grupo de integrar una asociación ilícita consagrada a las estafas. La estafa en sí misma es curiosa: consistía en bombardear el canal de ventas de una conocida empresa de telefonía celular con falsos pedidos. El fin: obtener aparatos gratis, principalmente, Samsung Galaxy A16, a $300 mil pesos la unidad, en tres cómodas cuotas sin interés. Entre sus víctimas se encuentra, insólitamente, una conocida jueza porteña.

Durante casi siete meses, desde febrero hasta agosto de este año, los integrantes del grupo, según la acusación en su contra, se hicieron pasar por clientes de la compañía. "Aportaban datos filiatorios de terceros (en general, personas que ya serían clientes legítimos de dicha firma prestataria, brindando nombres, apellidos y documentos nacionales de identidad), posiblemente obtenidos de manera ilegítima de bases de datos a las que tuvieran acceso irrestricto", apuntó el juez Yadarola en su procesamiento.

La banda, desde ya, jamás pagaba por los aparatos; eran pedidos contrafactura "a debitarse de las cuentas de los clientes que, entonces, sufrían el perjuicio patrimonial", continuó el juez en su fallo. Los aparatos eran retirados en sucursales de correos privados, lo que evitaba aportar un domicilio. Los estafadores, incluso, aportaban una dirección de e-mail falsa, lo que evitaba que los clientes se den cuenta de la facturación, al menos, en un primer momento. Tiempo después, los clientes se quejaban a la empresa, que cargaba con el costo de los teléfonos.

Luego, estaba el problema de dónde terminaban los aparatos mismos. Al menos uno de ellos habría sido empleado en un secuestro virtual. El Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal estuvo a cargo de los arrestos de los cuatro sospechosos, en una causa que incluyó seguimientos y escuchas telefónicas, iniciada tras la denuncia de una víctima.

Las escuchas revelaron, por ejemplo, que Ailén Carrucciu fue despedida de su trabajo en julio último, un dato que parece inconexo. Pero su ex trabajo, para el juez Yadarola, podría ser la clave en el casting de víctimas y en su rol como posible jefa de inteligencia de la banda, cómico como suene.

Ailén trabajaba en el sector de ventas de planes de ahorro de una concesionaria de Boedo, lo que, cree Yadarola, le brindaría "acceso a bases de datos e información personal sensible de eventuales clientes". Su madre y su padrastro se encargarían de la mentira a la empresa de celulares y de la reventa de los aparatos. Suárez -irónicamente, un empleado de una empresa de correo privado- pasaba por el correo.

El casting de víctimas, por lo visto, no parecía tan bien planeado: la propia jueza que supuestamente engañaron fue la denunciante que los llevó a la Justicia.

La magistrada se presentó el 26 de febrero de este año en la Cámara Criminal y Correccional para denunciar que le había llovido de la nada una factura de $335 mil por un Samsung Galaxy, supuestamente destinado a su hijo. La jueza desconoció la compra. Poco antes, se había dirigido a una sucursal de la empresa de teléfonos. Un ejecutivo le aseveró que la empresa había iniciado una investigación de oficio por posible fraude.

El teléfono, mientras tanto, viajaba hacia el correo. El comprador trucho, descubrieron luego, había respondido con éxito cinco preguntas de seguridad, con datos privados de la jueza. El teléfono usado para la compra, sin embargo, fue la primera de una serie de pistas que llevó hacia la familia procesada.