La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo planteo de siete de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. Esta vez, el máximo tribunal intervino en una causa penal que los propios acusados habían impulsado contra la fiscal que investigó el homicidio y otros funcionarios judiciales, a quienes atribuían una serie de irregularidades durante las primeras horas del expediente.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso por considerar que carecía de fundamentación autónoma y que no refutaba adecuadamente los argumentos de la resolución apelada.

El planteo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei, cuando representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro y Lucas Pertossi. Los siete habían denunciado que, durante las indagatorias realizadas pocas horas después del asesinato, no se les habían informado correctamente los hechos que se les imputaban ni las pruebas reunidas en su contra.

También cuestionaron las circunstancias en las que fueron confeccionadas y firmadas las actas de aquellas declaraciones. Según sostenía la defensa, los procedimientos no habían respetado las garantías previstas por el Código Procesal Penal bonaerense.

Esos argumentos formaron parte de la estrategia defensiva dentro de la causa principal por el homicidio. Sin embargo, Tomei también decidió avanzar por una vía independiente y promovió una denuncia penal por los presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.

Entre los denunciados se encontraban la fiscal Verónica Zamboni, quien estuvo a cargo de la investigación del crimen; la defensora oficial Verónica Olindi Huespi; funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli, quien había dictado la prisión preventiva de los imputados.

La controversia comenzó en febrero de 2020, cuando Tomei cuestionó públicamente el procedimiento seguido durante las primeras indagatorias. En ese momento, el abogado sostuvo que existían inconsistencias en los horarios consignados en las actas, ya que algunas declaraciones aparecían registradas con diferencias de apenas minutos.

Para la defensa, esos intervalos resultaban insuficientes para cumplir con todas las formalidades exigidas por la ley, entre ellas informar a cada detenido sus derechos, comunicarle los hechos atribuidos y poner en su conocimiento las pruebas existentes.

El abogado también cuestionó la actuación de Zamboni y solicitó apartarla de la investigación, aunque ese pedido fue rechazado por el juez Mancinelli.

La denuncia penal continuó su propio recorrido judicial. En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores admitió que los rugbiers fueran considerados particulares damnificados dentro de ese expediente, una decisión que les permitió intervenir formalmente como denunciantes.

Sin embargo, la investigación no prosperó. La denuncia fue desestimada por ausencia de dolo y también se rechazó recibir declaración testimonial a los rugbiers en calidad de víctimas, así como otras medidas de prueba solicitadas por su representante.

Ante esa resolución, Tomei pidió una revisión al superior del fiscal, mediante el procedimiento previsto en el artículo 290 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. La decisión fue ratificada.

El abogado acudió entonces al juez Mancinelli, a quien recusó, y solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del procedimiento. Argumentó que el mecanismo utilizado para revisar la desestimación de la denuncia resultaba arbitrario y les impedía a sus representados ejercer su derecho a ser escuchados por un juez imparcial.

El magistrado rechazó tanto la recusación como el planteo de inconstitucionalidad. Esa decisión fue posteriormente confirmada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

El expediente llegó después a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que en agosto de 2025 rechazó un recurso de queja y, en abril de 2026, denegó el recurso extraordinario que buscaba llevar la discusión a la instancia nacional.

Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora rechazó la presentación por deficiencias en su fundamentación.

La resolución no implica una nueva revisión de las condenas por el asesinato de Báez Sosa, sino que pone fin a este recorrido recursivo relacionado con la denuncia contra los funcionarios judiciales.

Fernando Báez Sosa fue asesinado durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. El joven de 18 años había mantenido una discusión con un grupo de rugbiers dentro del local y, poco después, fue atacado a golpes en la vía pública.

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, considerados coautores del homicidio.

Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios.

El 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las penas, aunque modificó la calificación legal. Los jueces Fernando Mancini y María Florencia Budiño descartaron la agravante de alevosía, pero mantuvieron la del concurso premeditado de dos o más personas.

Desde entonces, las defensas presentaron distintos recursos para intentar revertir las decisiones judiciales.

En abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había rechazado otros planteos de los condenados, entre ellos recursos de nulidad y revisión extraordinaria.