Los dos últimos fiscales generales de Bolivia, Roger Mariaca y Juan Lanchipa, han quedado bajo escrutinio por presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción, después de que Estados Unidos los incluyera entre los ciudadanos a los que se les restringió la visa, en una ofensiva que ha alcanzado a autoridades y exfuncionarios del país.

A finales de septiembre, el Departamento de Estado difundió la primera nómina en la que incluía a Mariaca, a quien acusó de facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes a eludir la justicia.

Dos días después de ese anuncio, Mariaca fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz, en el este del país. El Gobierno boliviano lo acusa de encabezar una "organización criminal" en la Fiscalía "destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país".

Roger Mariaca, de 38 años, antes fue fiscal departamental de Santa Cruz y en 2024 fue elegido por más de dos tercios de la Asamblea Legislativa para dirigir la entidad a nivel nacional para un mandato de seis años.

Su designación estuvo marcada por acusaciones de compra de votos que nunca llegaron a probarse con evidencia. Sin embargo, el resultado mayoritario, con apoyo de todas las bancadas legislativas, generó sospechas en los círculos políticos.

Este jueves, el Gobierno de Donald Trump difundió nuevas restricciones migratorias contra ciudadanos bolivianos, entre ellos el exfiscal Lanchipa, quien dirigió el Ministerio Público entre 2018 y 2024, durante los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce.

Su inclusión en la nueva lista negra de Washington amplía el alcance de las medidas del Departamento de Estado sobre la cúpula del Ministerio Público boliviano. La gestión de Lanchipa, antecesor de Mariaca, estuvo marcada por cuestionamientos de sobre la independencia de la Fiscalía y el manejo de procesos de alto perfil político.

Lanchipa fue elegido con el voto mayoritario del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2018, pero navegó al ritmo de los vaivenes del poder político.

Tras la caída de Evo Morales en 2019 y durante el gobierno interino de Jeanine Añez impulsó procesos contra exautoridades del MAS, encarceló ministros y llegó incluso a emitir una orden de aprehensión contra el exmandatario por sedición y terrorismo.

Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia de Añez, lo relató de esta forma en una entrevista en la radio Erbol:

"A los dos o tres dias que asumimos, yo fui a un reunión y le dije que nosotros no confiábamos en él. Se lo dije en su cara: 'Sr. Lanchipa, nosotros no confiamos en usted'. Le dije que si yo pudiera le pediría su renuncia, pero era inconstitucional (…) ¿Sabe qué me dijo? A sus completas órdenes el Ministerio Público".

Meses más tarde, una vez que Luis Arce ganó las elecciones y el MAS retomó el poder en noviembre de 2020, los procesos penales contra Morales fueron archivados por la misma Fiscalía y se abrieron juicios contra las autoridades del gobierno interino. Bajo la gestión de Lanchipa, se encarceló a la expresidenta Áñez y a dos de sus ministros, entre otros exfuncionarios de menor rango.

La nueva nómina difundida por Estados Unidos también incluye a diputados, fiscales, jueces y otros funcionarios y exfuncionarios de alto rango en Bolivia. Washington sostiene que las restricciones están dirigidas contra personas que, mediante presuntos actos de corrupción o actividades vinculadas al narcotráfico, socavan las instituciones democráticas de la región.

El caso de ambos exfiscales genera cuestionamientos la capacidad de las instituciones bolivianas para prevenir redes de protección al narcotráfico dentro del aparato estatal, en un momento en que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz busca estrechar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.