La Cámara de Representantes de Misiones aprobó por unanimidad, en la última sesión ordinaria del período legislativo 2026, una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas que extiende de manera expresa su facultad de fiscalización sobre las empresas y sociedades del Estado provincial y municipal. La iniciativa, impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua, incorpora a 16 entidades bajo el control de ese organismo y cubre un vacío normativo que, hasta ahora, dejaba a esas estructuras por fuera del mismo nivel de supervisión que el resto del aparato estatal.

La reforma modifica el artículo 2 de la Ley I – N.º 3 —antes Decreto Ley 1214/60— para incorporar de manera taxativa a las empresas y sociedades estatales dentro del ámbito de competencia del Tribunal de Cuentas. El alcance es amplio: quedan comprendidas las empresas y sociedades del Estado provincial y municipal, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las de economía mixta y cualquier entidad en la que la Provincia o un municipio tenga mayoría de capital o capacidad de decisión. En los fundamentos remitidos a la Legislatura, el Poder Ejecutivo sostuvo que la modificación permitirá otorgar "mayor claridad y certeza jurídica al marco regulatorio vigente" y que "la exigencia de mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos resulta fundamental para afianzar la confianza de la ciudadanía".

La ley fue sancionada el 29 de octubre y entrará en vigencia el 1° de enero de 2027, fecha fijada por razones organizativas y de coordinación. La reglamentación ya comenzó a elaborarse y el organismo de control trabaja en la preparación de sus equipos técnicos para asumir las nuevas responsabilidades que la norma le asigna.

Entre las 16 sociedades que quedarán bajo la fiscalización del Tribunal de Cuentas se encuentran Energía de Misiones (EMSA), Aguas Misioneras, Marandú Comunicaciones, Biofábrica, MisioPharma, Sociedad del Conocimiento, Silicon Misiones, el Fondo de Crédito Misiones, Multimedios SAPEM y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), entre otras. Varias de esas entidades fueron creadas durante la gestión del ex gobernador Carlos Rovira: la Biofábrica, por ejemplo, fue inaugurada en octubre de 2006, mientras que Aguas Misioneras fue constituida por ley en 2009, cuando Rovira ya ejercía como presidente de la Cámara de Representantes e impulsaba esas políticas desde la conducción del partido gobernante.

El proyecto fue presentado en la Cámara por el diputado Alejandro Arnhold, del bloque Movimiento por lo que Viene, quien explicó que la modificación actualiza el marco legal y delimita el alcance de la fiscalización al control externo de los fondos públicos.

Arnhold aclaró que esa atribución no reemplaza ni interfiere en las competencias propias de los órganos de administración, gobierno y fiscalización de cada entidad, ni desconoce los regímenes tributarios y comerciales vigentes. La diputada Paula Franco recordó que había presentado una iniciativa de características similares y planteó una distinción conceptual: "Control no es lo mismo que transparencia", afirmó, en alusión a la diferencia entre contar con herramientas institucionales para fiscalizar fondos y garantizar que esa información sea accesible para la ciudadanía.

Pese a sus observaciones, Franco acompañó la norma. El conjunto de los bloques hizo lo propio y el proyecto se aprobó por unanimidad.

En los fundamentos enviados al Poder Legislativo, el Ejecutivo provincial argumentó que explicitar a las empresas y sociedades estatales en el texto de la ley ratifica su encuadre dentro del control del Tribunal de Cuentas y que la reforma responde a la necesidad de profundizar las herramientas institucionales de rendición de cuentas. La norma también establece que los resultados de las fiscalizaciones deberán remitirse anualmente a la Cámara de Representantes, con el propósito de fortalecer el seguimiento institucional sobre la administración de esos fondos.

Al celebrar la sanción a través de sus redes sociales, Passalacqua agradeció a los diputados provinciales por el acompañamiento y definió la medida en términos políticos precisos. "Esto representa un paso fundamental hacia una mayor transparencia y apertura en el manejo del dinero del pueblo misionero", expresó el mandatario.

Y añadió: "Para quienes asumimos la responsabilidad de gobernar, rendir cuentas a diario es una convicción irrenunciable". En el mismo mensaje, el gobernador destacó que la auditoría de las sociedades alcanzadas quedará en manos de "un órgano de control externo, autónomo e independiente", según sus palabras publicadas en redes sociales.

Con la nueva legislación, el Tribunal de Cuentas amplía una tarea que ya comprende la fiscalización de los municipios y de los tres poderes del Estado provincial. El desafío concreto para el organismo estará en la capacitación de sus equipos profesionales y en la puesta en funcionamiento de los mecanismos de control sobre estructuras empresariales que, hasta ahora, operaban fuera de ese esquema. La entrada en vigencia, fijada para el primer día de 2027, marcará el inicio de esa etapa.