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1 de julio de 2023

El Congreso peruano sumó más críticas con una batería de leyes aprobadas en tiempo récord

La autorización a la presidenta Dina Boluarte para gobernar desde el extranjero, la inhabilitación a una fiscal que chocaba con el Legislativo y la adopción de leyes “favorables” a la corrupción, fueron algunas de las iniciativas más cuestionadas.

Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima 30-06-2023 | 21:18

Foto: Agencia Andina. (Archivo).


El Congreso de Perú, cuya aprobación en las encuestas llega a solo el 6%, sumó en los últimos días más razones de desprestigio, al cerrar sus sesiones anuales con más decisiones polémicas que incluso entran en contradicción con el Gobierno, su aliado.

La autorización a la presidenta Dina Boluarte para gobernar desde el extranjero, la inhabilitación a una fiscal que chocaba con el Legislativo y la adopción de leyes “favorables” a la corrupción estuvieron entre las últimas decisiones de un Parlamento que, para sus críticos, actúa de espaldas a los intereses nacionales.

“El Congreso decidió que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Esa es una de las características del autoritarismo que estamos viviendo. Nadie se da cuenta de nada y entonces ellos (los legisladores) se reúnen hasta las 5 de la mañana y aprueban lo que les da la gana”, reaccionó la abogada y analista Rosa María Palacios.

En efecto, las sesiones se prolongaron hasta la madrugada. Las imágenes de televisión mostraron a congresistas somnolientos aprobando 74 leyes en tres días, es decir, un tercio de las que habían aprobado en todos los meses previos.

Entre las disposiciones de última hora que generaron polémica estuvo la de facultar a Boluarte para que gobierne temporalmente desde el exterior, lo que le permitirá realizar viajes que tenía que aplazar por carecer de un Vicepresidente para asignarle las funciones.

"¿Qué pasa si Dina Boluarte sale y no regresa? (…). Van a permitir que alguien conduzca el país por WhatsApp. Esto es un abuso de la mayoría de congresistas que están a favor de Dina Boluarte”, dijo a radio Exitosa el parlamentario y ex primer ministro Guido Bellido, quien votó en contra.

El asunto podría tener más implicaciones: según expertos como el diplomático de carrera Harold Forsyth, para entregarle esas facultades a un mandatario se requiere una modificación constitucional que sigue su propio proceso y no una simple Ley.

“Una ley se cambia con otra, pero no puede ocurrir que una ley cambie la Constitución, porque eso es inconstitucional y constituye un hecho criminal y punible (…). A partir del momento en que se publique esa ley la señora Boluarte perderá su condición de presidenta constitucional. Eso es un hecho, no depende de mí o de nadie”, agregó Forsyth.

Pero si bien la aprobación del “gobierno remoto” parecía fruto de la alianza entre el Ejecutivo y las fuerzas que controlan el Congreso -partidos de derecha radical con apoyo de sectores de centroderecha y últimamente de algunos legisladores de izquierda-, hubo otras dos leyes que generan roces entre los dos poderes.

Así, el primer ministro, Alberto Otárola, anticipó que el gobierno objetará la nueva normativa que limita la figura de la colaboración eficaz o delación premiada ante la Justicia y la que impide la destrucción de los elementos incautados a la minería ilegal.

En el primer caso, el Congreso determinó que la colaboración eficaz, mediante la cual un testigo clave es estimulado para revelar datos a cambio de beneficios penales, solo tendrá una vigencia de ocho meses tras ocurridos los hechos, un plazo que hasta ahora no existía.

“Esto no un incentivo para que los colaboradores hablen y aceleren los procesos (como afirman los que votaron a favor). Esto es cerrar la ventana de tiempo para que se queden callados, favoreciendo al corrupto”, argumentó Palacios.

Con un Congreso en el que hay varios sospechosos de corrupción o que militan en partidos liderados por dirigentes investigados o procesados, varios sectores aseguran que el objetivo real de la flamante ley es fomentar la impunidad.

En cuanto a la minería ilegal, se aprobó que los bienes incautados no sean destruidos como hasta ahora, sino que pasen a instituciones del Estado.

Portavoces del gobierno afirman que esto complicará la lucha contra ese delito, entre otras cosas porque implicará coordinaciones con diversos entes, lo que afectará el secretismo de las pesquisas.

Según Otárola, el gobierno presentará acciones de inconstitucionalidad contra esas normativas y otras que "dañen el funcionamiento del país", como la que elimina los exámenes periódicos a profesores que ejercen en instituciones estatales.

Esta última norma, muy criticada por la opinión pública, se aprobó mediante una alianza de sectores de derecha e izquierda, de la que se dice que los primeros ofrecieron el respaldo a los segundos, entre los que hay varios profesores de carrera, ahora congresistas, a cambio de los votos en otras iniciativas futuras.

Otra decisión de última hora del Congreso que desató malestar en la opinión pública es la inhabilitación por cinco años a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, con el argumento de que cuando ejerció como fiscal general, entre 2019 y 2022, “demoró” en tomar acciones contra el entonces presidente Pedro Castillo.

Boluarte es una acérrima rival interna de la actual fiscal general, Patricia Benavides, señalada como aliada del gobierno y el Congreso, por lo que la inhabilitación es vista como una intervención abusiva contra el aparato judicial.

El Congreso unicameral, que además fracasó en la última semana en la pretensión de regresar a una bicameralidad, algo que es resistido como lo mostró la derrota a esa opción en un referendo en 2020, es acusado de buscar solo beneficios particulares y para los espacios políticos ahora dominantes.

En ese marco, el año legislativo que terminó les sirvió a los congresistas para una ofensiva que la oposición califica como un acaparamiento de las instituciones, en el marco de la cual, según las denuncias, tomó ya la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo y van ahora por la Junta Nacional de Justicia y, sobre todo, los entes electorales.

Las labores de un Parlamento con índices inéditos de impopularidad, que generó que un 93% de ciudadanos declaren en las encuestas a favor de elecciones anticipadas, se retornarán en la última semana de julio, con una nueva junta directiva que reemplace a la que presidió el conservador José Williams.
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