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30 de agosto de 2023

Anunciaron en Perú un plan de seguridad que apuntará a la prevención

El programa que lanzará el Ejecutivo para combatir la inseguridadcontiene 30 medidas que “se pondrán en marcha en sectores como Educación, Salud y en los programas sociales", que requerirán de un gran presupuesto.

29-08-2023 | 20:36

Foto: Agencia Andina

Perú tiene actualmente 93.000 presos, aunque su capacidad de alojar reos es de 41.000 y se prevé que la población carcelaria crecerá de a 5.000 por año, según datos que aportaron este martes las autoridades, que anunciaron la puesta en marcha de un plan de seguridad de 30 medidas que incluyen acciones en las áreas social, educativa y sanitaria.

"El plan que nosotros denominamos `Con Punche Seguridad`, estoy seguro de que va a ser mejor que el plan (del presidente de El Salvador, Nayib) Bukele, porque no solamente va a ser un plan reactivo, que vamos a tener que capturar a los delincuentes, sino que también tiene que ver con la prevención, porque es justamente en hogares disfuncionales, con niños abandonados, en donde se empiezan a sembrar los futuros delincuentes del Perú", explicó el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.

Tener “punche” es una expresión coloquial que en el país se usa para señalar que alguien tiene fuerza o recursos para lograr un beneficio.

La referencia al presidente Bukele se debe a algunos pronunciamientos de funcionarios y legisladores acerca de la conveniencia de imitar en parte el modelo del salvadoreño.

A fines del año pasado, la administración nacional lanzó “Con punche Perú”, para atender básicamente la cuestión económica.

Contreras señaló que el programa que lanzará el Ejecutivo para combatir la inseguridad y la delincuencia y que será "mejor que el plan Bukele" contiene 30 medidas que “se pondrán en marcha en sectores como Educación, Salud y en los programas sociales, que requerirán de un presupuesto robusto”.

Contreras habló en la presentación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM), casi en paralelo a la presencia de varios ministros en el Congreso, donde defendieron la cesión de facultades que el Gobierno pidió al legislativo.

Para Contreras, el plan del Ejecutivo “va a tener mejores resultados (que el salvadoreño), no solamente en el corto plazo sino también en el largo plazo".

El jefe de Hacienda dijo que para implementar el plan se requiere de “una inyección importante de recursos” para la adquisición de patrulleros y para incrementar el número de policías en las calles.



“Estamos incluyendo ese financiamiento tanto este año como el próximo año en los presupuestos", refirió, según el sitio del diario La República.

En el Congreso, en tanto, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, sostuvo que el pedido de facultades del Ejecutivo al Congreso busca atender, en el caso de su sector, el problema del hacinamiento y la corrupción en las cárceles.

"Dos temas: el deshacinamiento y la lucha contra la corrupción nos traen a solicitar la delegación de facultades", señaló ante la Comisión de Constitución.

Maurate dijo que el cuadro del sistema carcelario en el país es “dramático porque actualmente existen 93.000 internos cuando la capacidad de albergue es para 41.000 internos”, y advirtió que se proyectó que “en los próximos años la cantidad de internos crecerá a un promedio anual de 5.000”.

"Si no hacemos nada la sobrepoblación carcelaria crecerá en cerca de 80.000", alertó Maurate, quien señaló que su sector trabaja en tres ejes: la construcción de cárceles; la ampliación del acceso a la vigilancia electrónica -”para lo cual es necesario modificar el marco regulatorio”- y el establecimiento de medidas alternativas a la prisión para que un juez puede disponer de la reserva de fallo o penas suspendidas en ciertos delitos.

A su turno, el titular de Interior, Vicente Romero, afirmó que el pedido de facultades busca fortalecer a la Policía Nacional y cerrar la brecha policial frente a la delincuencia.

“Tenemos una brecha policial que aún no ha sido superada y que hoy es un clamor nacional”, afirmó, y detalló la baja en el número de efectivos respecto de años anteriores: “la Policía en la actualidad tiene 131.557 efectivos para brindar servicio a 33,7 millones de habitantes, en comparación a los 125.546 que tenía en 1990 para brindar servicio a 22 millones de habitantes”

El ministro destacó la importancia del proyecto de ley del Ejecutivo que busca crear una nueva categoría policial, la de Policía del Orden.

A su turno, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que junto con la corrupción, la falta de seguridad ciudadana y delincuencia son los problemas más graves para los ciudadanos, que “requieren una respuesta rápida”, según informó la estatal agencia Andina.



"Hemos visto cómo ha crecido la delincuencia y se ha instaurado la cultura del miedo. Esto requiere una respuesta rápida”, afirmó

Advirtió que los cultivos de hoja de coca en el país crecieron “de manera exponencial en los últimos años”, por lo que resulta clave “apoyar a las comunidades y potenciar los cultivos alternativos”.

Indicó que de una reducción histórica de 40.000 hectáreas de hoja de coca alcanzada en 2015 se pasó a 95.000 hectáreas, lo que “es preocupante porque el 90% de estos cultivos se va al narcotráfico”.

"La tendencia se revertirá con el compromiso del Gobierno de la presidenta (Dina) Boluarte”, destacó el jefe de gabinete, que volvió sobre las versiones de que el Ejecutivo buscaría copiar algunas de las medidas puestas en marcha en El Salvador por Bukele.

"Aquí no va a haber un plan Bukele, sino un plan Boluarte, que consiste en hacer aquello que mejor han hecho otros gobiernos; por ejemplo, ¿el señor Bukele qué de bueno ha hecho?. El señor Bukele ha puesto policías en los buses a proteger a la ciudadanía. Durante nuestro Gobierno nosotros vamos a implementar esta y otras medidas", declaró el primer ministro.

El Ejecutivo pidió la cesión por 120 días de facultades legislativas, un paso que, según Boluarte, necesita para “delinear las políticas” en materia de seguridad.

Y el Congreso, afectado por una grave crisis de impopularidad, inició el tratamiento de la cuestión, aunque no está claro en qué plazos tomará una decisión.
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