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La Corte Suprema decidió pedir a las partes que tienen causas de lesa humanidad abiertas por el "dos por uno" radicadas en ese tribunal que se pronuncien sobre la aplicación de la flamante ley que impide otorgar el beneficio a los represores de la dictadura, con vistas a dictar un nuevo fallo en ese sentido, tras la polémica resolución que favoreció al condenado Luis Muiña.

Así lo informó la Corte a través de un breve comunicado, luego de que el Poder Ejecutivo publicara en el Boletín Oficial la ley votada en tiempo exprés por las cámaras de Diputados y Senadores.

La Corte señaló: "Se informa que en los casos que aún se encuentran en trámite ante la Corte Suprema, en los que se discute la aplicación del cómputo de prisión preventiva denominado "2 x 1" -previsto en el artículo 7 de la ley 24.390- en cuanto a delitos de lesa humanidad se instruyó a la Secretaría del Tribunal para que reúna los expedientes".

"Se informa que, en la semana próxima y por disposición de la Secretaría, como corresponde legalmente y es habitual, se procederá a correr vista a las partes, por el plazo de diez días, para que se expresen sobre la aplicación de la ley 27.362", la nueva norma sancionada por el Congreso, se indicó.

De esta manera, el máximo tribunal de justicia del país, que en fallo dividido votó días pasados que correspondía aplicar el cómputo de "dos por uno" a un represor condenado por delitos durante la última dictadura militar y desató un vendaval político, pretende cerrar la polémica en breve tiempo.

Tras aquella resolución hubo una ola de repudios de casi todos los sectores políticos, incluso del gobierno, aunque algunos aclararon que había que acatar el fallo judicial.

En tiempo singularmente récord y de manera prácticamente unánime, ambas cámaras legislativas nacionales aprobaron una nueva ley que estableció la negativa de otorgar el dos por uno a los represores de la dictadura pero, en definitiva, significó la cobertura de un aspecto que no había sido contemplado anteriormente por el poder político en cuanto a la diferenciación entre delitos comunes y de lesa humanidad.

Ahora la Corte toma esta medida para adecuar las resoluciones futuras al nuevo status legal establecido por el Congreso Nacional, aunque la decisión la adoptará sobre una causa ya radicada en el máximo tribunal y no en otra de las que circulan en otros juzgados.

En tanto, la diputada nacional Elisa Carrió, que al momento de debatir la nueva ley mantuvo un equilibrio entre las posturas políticas y jurídicas, se manifestó a favor de que los mayores de 75 años puedan cumplir sus condenas en "prisión domiciliaria" y no en "cárceles comunes", aún siendo responsables de crímenes de lesa humanidad.

"Estoy de acuerdo con que las personas mayores de 75 años tengan prisión domiciliaria, hayan cometido delitos de lesa humanidad o no", enfatizó.

Carrió, además, reivindicó el "derecho a la verdad" de los familiares de las "víctimas de la guerrilla" durante los años ’70.

"Hay que resolver el derecho a la verdad -ya no a la Justicia porque está prescripto-, que tienen muchas víctimas civiles de la guerrilla. Los familiares de los soldados de Formosa tienen derecho a saber lo que pasó", advirtió por radio Mitre.

Y el ministro de Justicia, Germán Garavano, calificó al fallo de la Corte de "garantista y antisistema" y valoró la ley que sancionó el Congreso.

De todas maneras, rechazó los pedidos de renuncia a los tres magistrados que votaron a favor del beneficio para el represor Luis Muiña y reclamó "no sobreactuar".