27 de marzo de 2025
Cómo sigue el proceso judicial contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado
La corte emitirá un fallo definitivo y sin posibilidad de apelación; de ser condenado, el ex mandatario podría enfrentar hasta 40 años de prisión
>El Supremo Tribunal Federal de Brasil juzgará al ex presidente Jair Bolsonaro por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022, según resolvió por unanimidad un panel de cinco jueces de la corte.
La acusación surge de una investigación de la Policía Federal que ubicó a Bolsonaro como la figura central de una red criminal activa desde al menos 2021. El documento del procurador también lo vincula con un supuesto plan para envenenar a su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y asesinar al juez del Supremo Tribunal Alexandre de Moraes.
Aunque aún no hay una fecha fijada para el inicio del juicio, el presidente del panel, el juez Cristiano Zanin, deberá establecer el calendario procesal en los próximos días. La causa entrará en una fase probatoria en la que se llevarán a cabo interrogatorios, declaraciones de testigos y exámenes periciales. Al término de esta etapa, el juez relator —en este caso, de Moraes— elaborará un informe para que el tribunal analice los argumentos finales de la fiscalía y la defensa antes de emitir su veredicto.Bolsonaro había solicitado que el caso fuera transferido al pleno del Supremo, lo cual habría requerido la participación de los 11 jueces y posiblemente retrasado la sentencia hasta 2026. La petición fue rechazada.El panel encargado del juicio está compuesto por jueces que no fueron nombrados por Bolsonaro: Cármen Lúcia, Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux y de Moraes, quien además actúa como relator. Dino fue designado en 2023 por Lula tras ejercer como ministro de Justicia, mientras que Zanin fue abogado personal del actual presidente entre 2013 y 2023. De ser condenado, Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión, aunque su tiempo efectivo tras las rejas sería inferior, debido a factores procesales. Conforme a la legislación penal brasileña, no puede ser encarcelado hasta que se emita una sentencia firme e inapelable. No obstante, si obstaculiza el proceso, por ejemplo buscando asilo en una embajada, podría ser detenido preventivamente.Bolsonaro ha negado los cargos y califica el proceso como una persecución política. Tras conocerse la resolución del Supremo, declaró: “Si voy a la cárcel, les daré mucho trabajo”. El ex mandatario ha sido inhabilitado para postularse a un cargo hasta 2030 por abuso de poder y socavar la confianza en el sistema de votación del país.La inclusión de altos mandos militares para ser juzgados en el Supremo Tribunal de Brasil es un hecho sin precedentes, ya que la transición del país de una dictadura militar a la democracia en la década de 1980 estuvo marcada por una amplia amnistía para el personal militar.Según João Roberto Martins Filho, profesor de Ciencia Política en la Universidad Federal de São Carlos, el proceso contra los militares es inédito en la democracia brasileña y podría tener consecuencias ejemplares: “Es probable que los generales de cuatro estrellas acusados de planear un golpe de Estado sean condenados y castigados bajo el sistema legal democrático de Brasil”.
Otros ex presidentes brasileños también han enfrentado procesos judiciales. Lula fue condenado en 2017 por corrupción y lavado de dinero. Cumplió más de un año y siete meses en prisión y fue liberado después que el Supremo Tribunal cambió su jurisprudencia para prohibir encarcelamientos para cualquier brasileño hasta que se agoten todas las apelaciones.
En 2021, el mismo tribunal anuló la sentencia de Lula al encontrar que el juez Sergio Moro era parcial. Moro dejó su cargo como juez federal para convertirse en ministro de Justicia de Bolsonaro.Por otro lado, Michel Temer, quien gobernó entre 2016 y 2018, fue absuelto en 2024 en un caso de corrupción tras un breve arresto en 2019. Fernando Collor, presidente entre 1990 y 1992, recibió en 2023 una sentencia de ocho años y diez meses por corrupción en la estatal BR Distribuidora, confirmada posteriormente por el Supremo, aunque aún no ha sido encarcelado.(Con información de AP)
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