Sábado 12 de Junio de 2021

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CORRUPCION "K"

21 de septiembre de 2019

Cristina, De Vido y 40 empresarios van a juicio oral por los cuadernos

El juez Claudio Bonadio volvió a pedir el desafuero de la expresidenta y actual candidata.
Su hijo Máximo fue sobreseído.
Entre los empresarios que van a juicio, están los cordobeses Aldo Roggio y Gerardo Ferreyra.

El juez federal Claudio Bonadio elevó ayer a juicio oral la llamada “causa de los cuadernos”, expediente judicial que entró en escena el 1º de agosto de 2018 con una espectacular serie de allanamientos y detenciones de empresarios y exfuncionarios kirchneristas.

 

De acuerdo con la investigación del juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, Néstor Kirchner hasta su muerte y después la expresidenta Cristina Fernández estuvieron a la cabeza de una presunta “organización delictiva” que recaudaba coimas entre empresarios ligados a la obra pública.

 

 

Entre los imputados figuran el exministro de Planificación Federal kirchnerista, Julio De Vido, y su colaborador Roberto Baratta; el exsecretario de Obras Públicas José López, y también los empresarios Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Eduardo Eurnekian, Enrique Menotti Pescarmona, Carlos Wagner y Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, por nombrar a algunos de los 53 acusados.

 

Para Bonadio, tanto los exfuncionarios como los empresarios integraban la presunta banda delictiva; Cristina Fernández quedó acusada “en calidad de jefa” y por 28 presuntos hechos de coima. La acusación a De Vido es como “organizador”.

 

La figura de organizador también alcanzó a Baratta, al financista Ernesto Clarens y a Wagner, extitular de la Cámara de la Construcción. Wagner habría actuado, dice Bonadio, como pieza clave de la “cartelización” de la obra pública. Los empresarios están acusados por el delito de “cohecho”.

 

En el escrito de 154 páginas, Bonadio indicó que la finalidad de la presunta banda delictiva “fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.

 

 

Además, el juez Bonadio dictó el sobreseimiento de los dirigentes de La Cámpora Máximo Kirchner, Wado de Pedro, José Ottavis y José Larroque, y de Oscar Parrilli, exsecretario general de la Presidencia, a quien se lo había acusado de recibir dinero de parte de Baratta según una anotación que figuraba en los cuadernos.

 

A la vez, el juez volvió a pedir el desafuero de Cristina Fernández, quien actualmente está amparada por los fueros de senadora nacional, “con el fin de cumplir con la prisión preventiva”.

 

Además de la “causa de los cuadernos”, Bonadio también elevó a juicio dos expedientes que se desprendieron de la investigación principal: uno ligado al movimiento de grandes cantidades de dinero del exsecretario privado de Néstor Kirchner, José Muñoz (fallecido en 2016), y otro vinculado a posibles coimas en el área de transporte ferroviario, en el que Roggio también quedó como acusado.

 

La investigación se inició a partir de información que acercó el periodista de La Nación Diego Cabot al juez Bonadio.

 

 

Se trataba de las copias de una serie de cuadernos tipo escolar en los que figuraban anotaciones, cuya autoría se adjudicó a Oscar Centeno, exremisero de Baratta. “Es una verdadera bitácora de la corrupción”, calificó, en agosto de 2018, el fiscal Stornelli. El ímpetu investigativo de entonces del fiscal se frenó este verano, después de ser vinculado al “caso D’Alessio”, causa en la que está procesado.

 

Centeno fue uno de los primeros detenidos en la causa (llegó a haber 31). Dos allanamientos en busca de los cuadernos no arrojaron resultados. El remisero, finalmente, declaró haberlos quemado en una parrilla. Centeno recuperó la libertad al asimilarse a la figura de “arrepentido”.

 

 

Tanto Bonadio como Stornelli restaron importancia al hecho de investigar con base en las copias digitalizadas y no en los originales de los cuadernos. “La investigación mayormente se está construyendo sobre los testimonios de los imputados”, se argumentó.

 

Para Bonadio, “la asociación ilícita desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015”. “Los delitos pudieron realizarse por la cobertura brindada por los funcionarios más altos del país, debiendo destacar que muchas de las conductas ilícitas han sido reconocidas por sus actores”, agregó.

 

Respecto del sobreseimiento de Máximo Kirchner y de otros militantes de La Cámpora, Bonadio indicó que “no es posible afirmar que los nombrados hayan tenido una participación en la asociación ilícita comandada por Néstor y Cristina Kirchner” y señaló que el dinero que podrían haber recibido se usó para actividades políticas.

 

La posibilidad de que se haya configurado algún delito en esas operaciones es investigada por la jueza María Servini de Cubría.

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