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14 de diciembre de 2022
Un juez de Perú debe decidir si extiende la prisión preventiva de Castillo
"Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá", declaró el mandatario. Esta semana recibió el apoyo de Argentina, Bolivia, Colombia y México, que pidieron respetar "la voluntad popular expresada con el libre sufragio".
El mandatario de izquierda permanece detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales al este de Lima.
La FiscalÃa General abrió formalmente una causa contra el presidente destituido y presentó en la noche del martes un pedido de prisión preventiva contra Castillo por 18 meses, informó la agencia de noticias AFP, que citó a una fuente del Ministerio Público.
"Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la PolicÃa nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia", dijo Castillo.
Sin embargo, la destitución provocó una ola de protestas de seguidores de Castillo, especialmente activas en el sur del paÃs, que exigen elecciones anticipadas y su liberación.
De hecho, las fuerzas armadas ya patrullan junto a la policÃa las calles de varias ciudades bajo estado de emergencia.
En Lima, por la noche, decenas de manifestantes que querÃan llegar al Congreso se enfrentaron con piedras a la PolicÃa, que respondió con gases lacrimógenos.
Las regiones más agitadas se hallan al sur, donde está la turÃstica Cusco, Arequipa, segunda ciudad del paÃs, Puno, y ApurÃmac, cuna de Boluarte.
Varios gremios agrarios e indÃgenas iniciaron el martes un "paro indefinido" por elecciones generales, lo que provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.
Boluarte busca negociar con el Congreso adelantar las elecciones generales de abril de 2026 a abril de 2024, aunque los seguidores de Castillo las piden inmediatamente.
La CancillerÃa peruana replicó que Castillo fue destituido con respeto a la Constitución porque perpetró un "golpe de Estado", y pidió a los paÃses ayudar a Perú a "resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho".
La fiscal general de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.
Esta denuncia llevó a Castillo a pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando la Carta Democrática Interamericana.
Según Castillo, la FiscalÃa y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuÃan delitos que no cometió y buscaban dar un golpe de Estado en su contra.
"Se va a declarar en emergencia la red vial nacional, para asegurar el libre tránsito de todos los peruanos", declaró el ministro de Defensa, Alberto Otárola, a su salida de una reunión del Consejo de Estado en Lima.
"Los departamentos de Arequipa y de Ica se suman a la emergencia decretada en Andahuaylas", una provincia del departamento de ApurÃmac, esta semana, dijo.
Esto permitirá "que las Fuerzas Armadas en apoyo de la PolicÃa Nacional puedan tomar el control del orden interno", agregó en declaraciones a medios, informó la agencia de noticias Europa Press.
El ministro dijo que la situación del paÃs era "grave y preocupante", aunque recalcó que, con esa preocupación, tienen la "responsabilidad constitucional de preservar la vida y la integridad de todos los peruanos".