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20 de abril de 2023
Activistas medioambientales recibieron más de 600 ataques en los últimos dos años
Organizaciones indígenas y campesinas de la región reunidas en Buenos Aires advirtieron que "nuestros países son las zonas más peligrosa para ser activista medioambiental" y reportaron 130 agresiones en México, 103 en Brasil, 87 en Honduras, 82 en Perú, 76 en Colombia, 40 en Guatemala, 27 en Ecuador y 17 en Argentina.
"No han dicho que el desarrollo es para mejorar las condiciones de vida, se puso de moda ese discurso y mucha gente se ilusionó, pero no dijeron que era para entrar a nuestros territorios y vaciarnos", acusó Vay y contó que en su paÃs este despojo profundizó la pobreza y produjo un enorme proceso migración de personas.
"El 20% del PBI del paÃs es de hermanos que mandan remesas desde Estados Unidos", precisó.
Raquel Reynoso, de la Asociación Ser, de Perú, comentó que su paÃs tiene una cobertura boscosa de casi el 60% del territorio que albergan a más de 50 pueblos indÃgenas que sufren "una fuerte presión por acceder a sus recursos" por el boom exportador de cobre y otras materias primas.
"El estado redujo la institucionalidad ambiental. No tenemos una ley de ordenamiento territorial, quienes ordenan los territorios son las grandes concesiones mineras. Perú esta todo concesionado, es un trámite administrativo", aseveró
Reynoso se quejó de que su paÃs no ratificó el Acuerdo de Escazú por "una presión muy fuerte de los grupos empresariales que dicen que el acuerdo nos va a recortar nuestra soberanÃa nacional y que pone en peligro las inversiones".
Javier Medina, de Colombia, denunció que en su paÃs "el conflicto armado pasó a ser un proceso de control del territorio, por eso Colombia es uno de los paÃses que más personas desplazadas internamente tiene, con alrededor de ocho millones".
"Colombia vivió lo mismo que todo el continente con el boom de las commodities, donde hubo una fiesta de licencias ambientales para hacer exploración minera eran otorgadas rápidamente", aseguró.
"Se quiso imponer que el problema no es la explotación sino las comunidades que llevan cientos de años viviendo en los territorios", afirmó Medina y agregó que se han iniciado causas judiciales a personas en territorios indÃgenas y campesinos.
"Ser lÃder social no es un delito, hay una criminalización de los representantes que los lleva a ser investigados por la FiscalÃa General de la Nación", alertó.
Por último, Nicolás Avellaneda, de la Fundación Plurales de Argentina, se lamentó que para los defensores de la tierra "se volvió normal que reciban amenazas, violencia y criminalización".
En su organización, tomaron unos 20 casos testigo sobre agresiones en Argentina, de diciembre de 2020 a diciembre de 2022, e informaron que el 73,7% de los casos las vÃctimas de la agresión no sólo fueron defensores sino la comunidad.
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April 14, 2023
"Las comunidades más afectadas son las indÃgenas y estos conflictos son reiterados en el tiempo, no son situaciones aisladas. Son vÃctimas de hostigamiento continuo", advirtió.
Avellaneda explicó que la mayor parte de las agresiones vienen de la agroindustria, por el avance de la frontera agropecuaria, y luego vienen la minerÃa, la industria de hidrocarburos y el desarrollo de infraestructura.
"Necesitamos un aplicación nacional del Acuerdo de Escazú que ponga a los defensores de la tierra en el centro de la escena", concluyó.Etiquetas:
