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25 de agosto de 2016
Realizan un procedimiento en el Banco de Santa Cruz por los “Cristileaks”
Personal de la PSA llegó a la entidad, en el marco de la investigación que sigue un presunto ocultamiento de giros al exterior de referentes kirchneristas.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó este jueves un procedimiento en la casa central del Banco de Santa Cruz, en Río Gallegos, en el marco de la causa por lavado de activos también conocida como "ruta del dinero K".

Fuentes judiciales indicaron que se trata de una "orden de presentación" que se hizo en esa sede bancaria buscando información a raíz del "discovery" que habían impulsado "fondos buitres" para conocer datos de cuentas vinculadas al matrimonio Kirchner y al detenido empresario Lázaro Báez.

El fiscal Guillermo Marijuán solicitó este miércoles la indagatoria de la ex presidenta Cristina Fernández y del ex ministro de Economía Axel Kicillof porque sospecha que habrían sido parte de la supuesta destrucción de mails sobre ese proceso y por el que ya fueron imputados la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, su ex segundo y un ex funcionario del Palacio de Hacienda.

El juez Casanello dispuso una orden de presentación que fue ejecutada hoy jueves por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la sede bancaria de la capital de la provincia de Santa Cruz. Según trascendió, el objetivo del procedimiento era conocer si se registraron algunas de las transacciones atribuidas al empresario detenido, como parte del análisis que lleva adelante la Unidad de Información Financiera (UIF).

A criterio de Marijuán, la ex presidenta no podía desconocer la información clave que se había enviado desde Estados Unidos y esos datos no le habrían resultado ajenos, teniendo en cuenta los vínculos comerciales del matrimonio Kirchner con el dueño de Austral Construcciones, detenido desde el pasado 5 de abril.

El expediente en cuestión investiga si el gobierno de Cristina Fernández ocultó y borró información clave sobre cuentas bancarias en Estados Unidos y transacciones millonarias vinculadas a Báez, cuando los abogados de los "fondos buitres" iniciaron una acción de búsqueda de propiedades para intentar embargar cuentas argentinas en el exterior y así cobrar lo que el Estado argentino no les reconocía.

En su dictamen del miércoles, Marijuán pidió que a las indagatorias de Abbona, de su ex segundo, Horacio Diez, y del ex secretario Legal y Técnico de Economía, Federico Thea, se sumaran las de la ex presidenta y de Kicillof por "encubrimiento y omisión de denuncia". Tras el pedido del fiscal, el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de medidas tendientes a agilizar la prueba.

Entonces dispuso entrecruzamientos de llamados y remitió oficios a los juzgados de Claudio Bonadio y Julián Ercolini, que ya investigan a la ex mandataria, para saber si en sus causas se le prohibió la salida del país a la ex jefa de Estado, restricción que también solicitó Marijuán.

Según el dictamen al que accedió DyN, Marijuán planteó que "es evidente que tanto la Procuración del Tesoro de la Nación como las autoridades del Ministerio de Economía y la ex Presidenta de este país no podían en ningún modo desconocer" el contenido de los mails enviados desde Estados Unidos, y "su trascendencia y su relación directa con el objeto procesal" en la causa por la llamada "ruta del dinero K".

Marijuán sostuvo que "resulta evidente y de Perogrullo que esta cadena de comunicación no se limitó" a la Procuración y la jefatura jurídica de Economía, y "el juicio por los fondos buitres en los Estados Unidos de América constituía una evidente cuestión nacional que influía directamente en la actividad económica de la Argentina y en la vida de todos sus ciudadanos", por lo que el tema "llegaba indudablemente a las máximas autoridades del país".

En el dictamen recordó además la existencia de relaciones comerciales entre Báez y el matrimonio presidencial.



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