"Hola, Pedrito, ahí te mandé una foto. Fijate qué medicamento le puede dar la doctora, que ella no sabe. Llamala y explicale a ver qué remedio, porque los familiares quieren que le demos como un antibiótico".

El comentario forma parte de una de las comunicaciones incorporadas a la causa contra la red de servicios médicos investigada en Florencio Varela, acusada de ofrecer atenciones y traslados con personal que, según las autoridades, no contaba con las habilitaciones requeridas.

En otra conversación, una mujer identificada como Alejandra recibe el aviso de un paciente con una saturación de oxígeno del 66%, muy por debajo del rango habitual. Un interlocutor le comunica que el médico atribuía el cuadro a la postura del hombre y que, tras tomar una gaseosa, había mejorado. Ella corta la explicación: "¿Y qué esperan para trasladarlo?".

Otra escucha apunta a las condiciones en que se realizaban algunas prácticas. Una médica consulta si puede suturar en un domicilio a un paciente que se había cortado con una motosierra. Dice que cuenta con hilo de sutura, bisturí y una pinza, pero que le faltaban unas tijeras y otros elementos.

"Si lo puede hacer, sí, no hay problema", responde Alejandra. La profesional había calculado que la herida requería entre tres y cuatro puntos. Si no podía realizar la sutura en el domicilio, la alternativa era trasladar al paciente a un centro de salud de Belgrano.

Las comunicaciones también incluyen un diálogo referido a documentación médica. Un hombre que se presenta como Elvio advierte que una profesional que figuraba en un remito tendría una matrícula correspondiente a enfermería. Por eso, le pide a Alejandra que rehaga el documento con otro médico.

"Yo, como ese paciente ausente, voy a necesitar que me hagas de vuelta el remito con otro médico", dice Elvio. Después solicita que le indiquen qué días había trabajado esa mujer para alertar a otra persona sobre los comprobantes. "Así no pisamos el palito", agrega.

En otra conversación, un interlocutor consulta si el móvil que integra debía asistir a un paciente con dificultad respiratoria pese a que no disponía de oxígeno. Alejandra admite que el insumo debió haberse retirado temprano, pero que eso no ocurrió. Luego propone que evalúen administrar "una dex o una hidro" (NdR: dexametasona e hidrocortisona) y les pide que vean si podían "zafar" la situación.

En los registros también aparece el caso de un paciente que quedó internado en terapia intensiva luego de ser trasladado al Hospital "Mi Pueblo", de Florencio Varela. Los interlocutores discuten cómo recuperar una camilla que había quedado en el lugar, ya que mencionan que el establecimiento pedía la presencia de un médico con matrícula.

Otra llamada registra la conversación entre Alejandra y la hija de una mujer de 93 años que había sido atendida en su domicilio. La familiar cuenta que, después de recibir una inyección, su madre sufrió convulsiones, se puso "azul" y fue internada. La paciente quedó intubada.

Alejandra le responde que la mujer recibió diclofenac y dexametasona, y sostiene que el deterioro se explicaba por un cuadro de COVID-19, no por la medicación. La hija expresa su desesperación: "Mi vieja se está muriendo, está intubada". La comunicación no permite establecer la causa médica del cuadro.

Todas estas grabaciones forman parte de los elementos analizados en el expediente en el que se investigan una presunta asociación ilícita, el ejercicio ilegal de la medicina, la usurpación de títulos y posibles maniobras fraudulentas vinculadas a prestaciones de salud.

Por el caso hay 29 detenidos y la Justicia busca establecer si hubo más personas involucradas. También procura determinar si existieron derivaciones desde una empresa de Avellaneda e irregularidades en prestaciones facturadas a obras sociales, entre ellas el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).