15 de agosto de 2024
La dictadura cubana condenó a 15 menores por sedición con una pena media de cinco años de cárcel y ya suman 28 los sentenciados
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La ONG Prisoners Defenders dio cuenta de un incremento de la represión en el marco del tercer aniversario de las masivas protestas del 11J. Su presidente Javier Larrondo dialogó con Infobae y reveló un nuevo aumento en la cantidad de presos políticos: 1.119
>La ONG En su balance correspondiente a julio, la organización detalló que el número de personas privadas de su libertad por motivos políticos ascendió a 1.119, tres más que en el mes anterior. “En el aniversario del 11J, la miseria, la represión de la totalidad del pueblo, el miedo de sus ciudadanos, la persecución de la prensa, la huida del país de miles de ciudadanos cada mes y el dolor de las familias y los presos, todos ellos torturados de las formas más viles posibles en prisión y sin de atención médica o alimentación adecuada, entre otras desgracias, describen la realidad cubana actual”, subrayó el reporte.En comunicación con Infobae, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, amplió los datos revelados en el informe: “30 de estos 1.119 prisioneros políticos fueron detenidos siendo menores y siguen estando en la lista. Son 29 chicos y una chica. 28 de ellos aún cumplen sentencia y dos siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna”, explicó; al tiempo que resaltó: “15 de estos menores ya han sido condenados por sedición, con una pena media de cinco años de prisión”.
Respecto al estado de salud de los presos políticos, indicó que 324 padecen patologías médicas graves y no reciben tratamiento médico. “Hemos podido confirmar que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica adecuada”, describió.
El informe hizo hincapié en que el régimen desplegó un operativo represivo contra activistas y periodistas independientes por toda la isla el mes pasado.En su último informe, ICLEP aseguró que “desde los días previos al 11 de julio, el régimen cubano emprendió una fuerte escalada represiva contra periodistas y activistas, utilizando sus habituales métodos coercitivos para silenciar las voces de los ciudadanos e impedir que el recordatorio de esta fecha sirviera para demostrar que el pueblo sigue teniendo las mismas razones para lanzarse a las calles en legítima protesta como lo hiciera en 2021″.
A los cortes de internet y vigilancia, se sumaron las citaciones de los periodistas de los medios independientes miembros de ICLEP: Orlidia Barceló Pérez, directora de El Espirituano; Juan Manuel Moreno Borrego, director de Amanecer Habanero; Mabel Páez, directora de El Majadero de Artemisa y Antonio Suárez Fonticiella, director de Páginas Villareñas, citados el 11 de julio, todos a la misma hora en sus diferentes localidades, donde fueron interrogados y amenazados por la policía política para que no reportaran ningún incidente ese día, remarcó el informe.En tanto, el 11 de julio la Seguridad del Estado estableció un cerco policial alrededor del domicilio de la periodista de Cubanet y corresponsal de ABC Camila Acosta. “Durante tres días, dos hombres y dos mujeres policías la vigilaron desde los bajos de su casa”, detalló la ONG.
El reporte hizo referencia al caso del activista y preso político Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), quien fue detenido arbitrariamente el pasado 20 de junio en La Habana y enviado directamente a prisión.
“El 15 de julio fue sentenciado a dos años de prisión tras ser acusado con formas y fondos falsarios y violatorios de todo derecho, de los delitos de ‘resistencia’ y ‘desacato’. A Mario Alberto lo detuvieron violentamente el 23 de febrero de 2023 en la puerta de su casa. Sin orden de detención ni causa conocida, fue trasladado a la 6ta Unidad de la PNR de Marianao y posteriormente enviado a la prisión de Valle Grande, acusado de ‘resistencia’. El activista ha sufrido al menos 10 detenciones desde su excarcelación en enero de 2024”, recordó la ONG.“Actualmente, Mario Alberto está sufriendo todo tipo de golpizas y otros tipos de torturas y maltratos”, denunció la organización.
Prisoners Defenders dedicó un apartado de su informe para referirse al concepto de “puerta giratoria”.Y lo explicó: “Este término, acertadamente acuñado por el Foro Penal de Venezuela, organización hermana que hace un trabajo encomiable desde hace años en Venezuela, y “Al igual que ocurre con los medicamentos, estas estrategias de negociación son muy delicadas y en muchos casos es completamente contraindicado aplicarlas sin ser consciente de los efectos secundarios sobre la población afectada por ellas. Primero, porque no son liberaciones, sino excarcelaciones momentáneas en la mayoría de los casos, pero, segundo y más grave, porque si no se conducen con una visión global profunda y exenta de oportunismo, característica esta última que es una verdadera pandemia entre los políticos, permiten la perpetuación de la tiranía, lo cual afecta a muchos millones de personas de forma negativa, pudiendo llegar a afectar al propio país del político negociador, como está pasando con el efecto para los ciudadanos de la Unión Europea por la guerra de Ucrania, en la que el régimen de Cuba (legitimado por casi una década por la Unión) y su influencia en los medios de prensa de numerosos países, están siendo clave para, por un lado, trasladar la narrativa rusa en buena parte del mundo, haciendo inviable el nivel de condena internacional que esa guerra criminal requiere, perpetuando las limitaciones a una salida y, por otro, apoyar militarmente a Rusia en el frente”, completó Prisoners Defenders.
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