La justicia venezolana concedió el arresto domiciliario al líder opositor Leopoldo López por “problemas de salud”, dijo el sábado el máximo tribunal del  país, después de permanecer tres años y medio en una cárcel militar en las afueras de Caracas.

López, de 46 años, purga condena desde principios del 2014 acusado de instigar una primera ola de protestas callejeras contra el gobierno de Nicolás Maduro que dejó 43 muertos.

"Sala Plena del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) otorga  casa por cárcel a Leopoldo López por problemas de salud”,  escribió la máxima corte del país en su cuenta de Twitter.

El TSJ no dio mayores detalles de la salud de López, un  economista educado en Estados Unidos, pero dijo que la medida le  fue otorgada el viernes.

Reuters no pudo comunicarse inmediatamente con la familia ni  con el partido de López, Voluntad Popular, para comentar la  noticia.

A principios de mayo, el Gobierno socialista difundió un  video de López donde se le ve en buena forma física, luego de  que se esparcieran rumores de su posible fallecimiento tras más  de un mes de impedírsele ver a su familia.  

La noticia fue celebrada por los demás líderes opositores,  que exigieron se libere a las más de 100 personas que consideran “presos políticos” en las distintas cárceles del país petrolero.

"Nos da gran alegría que Leopoldo López esté en su casa con  su familia. Tiene que darse su libertad plena como a todos los  presos políticos”, escribió su excompañero de tolda, el líder opositor Henrique Capriles, en Twitter.

Desde que se entregó a la justicia, acompañado por una  multitud de seguidores, López se había convertido en el preso  más célebre del país, catalogado por sus seguidores como un  prisionero de conciencia, pero tildado por el chavismo gobernante como un criminal violento.

Mientras estuvo en prisión, su esposa Lilian Tintori se  encargó de llevar la voz de su marido por el mundo, incluido el  Vaticano, asegurando que Venezuela es gobernada por una  “dictadura”.

Gobiernos de distintas partes del globo y organizaciones  como Amnistía Internacional habían pedido por años la liberación  de López.

A fines del 2015, uno de los fiscales que llevó el caso de  López huyó de Venezuela y dijo a través de un video que las  pruebas contra el opositor eran “falsas” y que había sido  sometido a “inmensas presiones” para encerrarlo.