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24 de marzo de 2023

Perú: tras pasar dos meses internado, murió otro manifestante baleado en una protesta

Rosalino Flores, recibió 36 disparos mientras estaba protegido detrás de un árbol. Con su asesinato ya son 50 las personas que fallecieron como consecuencia directa de la represión en las protestas contra la presidenta Boluarte, cuyo gobierno no para de perder apoyo dentro y fuera del país.

Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima 24-03-2023 | 15:26

Foto: AFP.

La muerte de Rosalino Flores, un estudiante de gastronomía de 22 años que estuvo dos meses internado tras recibir 36 disparos de perdigones por parte de un policía en una protesta en la ciudad de Cusco, reactivó las protestas en Perú contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

"¿Cómo se puede matar a un joven de 22 años con 36 perdigones? ¿Cómo Dina Boluarte mira a los ojos a sus hijos? ¿Cómo duerme tranquilo (el primer ministro, Alberto) Otárola? Jamás olvidaremos sus crímenes", reaccionó la profesora universitaria y activista de izquierda Lucía Alvites.

La muerte de Flores fue captada en un video de la municipalidad de Cusco que evidencia que no tenía nada en las manos ni estaba en posición amenazante ese 11 de enero en Cusco. Se protegía detrás de un árbol y cuando intentó retirarse fue baleado por la espalda por un policía.

Diferentes analistas, incluidos varios a los que, como la abogada Rosa María Palacios, no se les podría atribuir simpatía por la izquierda, han calificado al hecho como "asesinato".

Foto: AFP.

Con Flores, sube a 50 el número muertos directos en las protestas derivadas de la llegada a la presidencia de Boluarte en reemplazo de Pedro Castillo, destituido por el Congreso el 7 de diciembre después de que intentara disolver el Parlamento y gobernar por decreto.

De esos 50 fallecidos en los reportes de la Defensoría del Pueblo, 49 son civiles. Varios perdieron la vida con disparos de balas convenciones, de perdigones o de lanzadores de gases lacrimógenos. El que resta fue un policía al que se incineró vivo en su patrullero en el departamento de Puno.

Con el asesinato de Flores suman 50 las personas que fallecieron como consecuencia directa de las protestas derivadas de la llegada a la presidencia de Boluarte en reemplazo de Pedro Castillo

Otras 17 personas fallecieron por hechos colaterales, entre ellos seis soldados ahogados cuando cruzaban un río. Las Fuerzas Armadas dicen que se lanzaron al agua al ser atacados por campesinos, pero éstos, respaldados con el testimonio de un periodista, afirman que su capitán les ordenó avanzar por el cauce para acortar camino.

Tras la muerte de Flores, ocurrida en un hospital de Lima al que había sido trasladado para atender heridas en el hígado, los riñones y los intestinos, un grupo se congregó frente a la sede del Poder Judicial para exigir que ese caso y los demás no queden impunes.

"Quiero justicia y quiero conocer a ese que ha disparado a mi hijo. Ojalá reciba su merecido y sea condenado a la cárcel", dijo el padre del fallecido. "Queremos justicia y saber quién es el policía que le disparó. Dina es la responsable", agregó en quechua la madre en un encuentro con periodistas.

Boluarte comentó que lamenta la muerte de Flores, "como cada uno de los fallecimientos", pero advirtió: "Las investigaciones las realiza la Fiscalía de la Nación dentro de su autonomía y sus competencias".

"Nosotros siempre hemos dicho que brindamos todas las facilidades del caso a la Fiscalía para que pueda realizar su trabajo y este no será la excepción", agregó la mandataria, cuyo respaldo popular cayó en las encuestas a menos de 18%.

Foto: AFP.

El gobierno de Boluarte, del que no hay fecha segura de expiración porque el Congreso no se puso de acuerdo para convocar a unas elecciones anticipadas -exigidas por más de 90% de la ciudadanía en los sondeos-, es objeto de críticas nacionales e internacionales por la forma de encarar las protestas.

"El factor clave es que la Policía no está utilizando la fuerza letal de forma proporcional", afirmó Joel Hernández, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un reportaje en el que el diario estadounidense The New York Times documentó los excesos.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch o la Secretaría de Estado de Estados Unidos han cuestionado los abusos, al igual que grupos de derechos humanos de Perú.

En diálogo con Télam, el abogado penalista Fernando Ugaz señaló que Boluarte podría incluso terminar ante la Corte Penal Internacional por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

Hasta ahora, la Fiscalía abrió una investigación que incluye a la Presidenta, a quien llamó a declarar, pero medios como el semanario Hildebrandt en sus Trece denuncian un supuesto arreglo entre el gobierno y el Ministerio Público para cubrirse mutuamente.

El gobierno respondió con la Policía y las Fuerzas Militares a las protestas que se desencadenaron en el país, con especial fuerza en los departamentos del sur andino, después de que Boluarte, al asumir, dijera que pensaba quedarse hasta 2026, cuando termina el período ordinario, desoyendo el clamor popular de elecciones inmediatas.

Foto: AFP.

Aunque Boluarte corrigió luego y se declaró partidaria de un anticipo de las elecciones, las calles ya estaban prendidas y la violencia fue notoria, especialmente en diciembre y enero.

La fuerza de las movilizaciones disminuyó considerablemente en las últimas semanas, ya que los miembros de los grupos que las protagonizaban han tenido que retornar a sus ocupaciones habituales.

Además, la emergencia por las lluvias e inundaciones que dejan más de 50 muertos, especialmente en el norte y en Lima, coparon la atención nacional. De hecho, manifestantes que llegaron a Lima para protestar terminaron unidos a los trabajos en favor de los damnificados.

No obstante, los analistas coinciden en que el malestar está latente, más aún cuando el Congreso descartó varios proyectos -incluido uno presentado por el Ejecutivo- para realizar comicios este año. Para diversos observadores, el gobierno y sus aliados en el Congreso están jugando de pared para quedarse hasta 2026.

Otárola, entretanto, presentó la disminución de las protestas como una "pacificación" lograda por el Ejecutivo y desechó las críticas.

Para el gobierno, las protestas son solo la expresión de "grupos radicales, minoritarios y violentos", alentados por el narcotráfico, la minería ilegal o remanentes del terrorismo, aunque no ha presentado ninguna prueba al respecto.

Dos de los mandos policiales más comprometidos en las investigaciones por presuntos abusos fueron cambiados de puesto en la última semana: los generales David Villanueva y Luis Flores, dejaron de comandar a la institución en los departamentos de Puno y Apurímac, respectivamente, y se les relegó a cargos menores.

Sin embargo, eso no estuvo acompañado de ningún reconocimiento explícito y oficial de culpas. La muerte de Flores reabrió heridas que parecen muy lejos de cicatrizar y la supuesta apuesta del gobierno y el Congreso para quedarse hasta 2026 sigue, en opinión de expertos, sin mostrar viabilidad.


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