29 de noviembre de 2024
La increíble trama del edificio que fue cedido a la Universidad de las Madres: “okupas”, una boa constrictora y un gallinero
“Tengo todo arreglado de palabra”, le dijo a Infobae el hombre que usurpa las instalaciones desde hace 20 años. Militaba con el piquetero Luis D’Elia. En el boliche clandestino funcionaba el salón de actos del Instituto que se mudó en 2021 ¿Quién cuida los edificios públicos?
Tres meses antes de la aparición de la serpiente, que aún eriza la piel de quienes relatan la anécdota que parece extraída de un libro de Gabriel García Márquez, el gobierno de Mauricio Macri, exactamente el 19 de enero, a través de Garavano y de la AABE, firmaba una “cesión precaria y gratuita” a instituto de estudios vinculado que había fundado la titular de Madre de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
La casa de altos estudios que conducía el actual presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Javier Buján no tenía sede, se realizó un convenio para que utilizaran los dos primeros pisos del inmueble que, a mediados del siglo pasado, fue el Hotel Marcone.El primer piso ya estaba ocupado. En 2005 el presidente Néstor Kirchner se lo cedió, de forma precaria, al piquetero Edgardo Depetri, líder del Frente Transversal Nacional y Popular.También “el permiso de uso precario” del segundo piso que el 8 de agosto de 2012 el gobierno de Cristina Fernández le otorgó a otro dirigente piquetero amigo, Luis D’Elía, referente de la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat (FTV)”, y titular del partido MILES.
Buján, así está escrito en la abundante documentación que recopiló Infobae debía encargarse de “desalojar” a los intrusos del lugar. Lo consiguió con todos salvo con la familia que se había apropiado de manera ilegal el tercer piso. El uruguayo José Moisés Vázquez Burgueño vivía con una hija y su mujer, Alicia Esther Álvarez desde 2010.Vázquez Burgueño tiene “certificación negativa” en la ANSES y en la AFIP está inscripto como “monotributista social” con fecha de inicio el 1 de septiembre de 2023 para la actividad “servicios de limpieza general de edificios”. Como dirección legal figura Avenida Rivadavia 2749/89, el decir el inmueble intrusado.La documentación oficial y las fotos a las que accedió este medio acreditan que, a partir del “desalojo pacífico” -con boa constrictora incluida”, se remodeló el lugar. En el tercer piso -salvo la vivienda de Vázquez Burgueño- se acondiciona como salón de actos y eventos del instituto. En parte del segundo piso, se instalan las aulas (ver fotos).
La actividad académica comienza. Pero en 2019, con la llegada al poder de Alberto Fernández cambian las autoridades del Instituto -que en septiembre de 2023 por ley del Congreso pasa a ser Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo- y, durante la pandemia, se decide mudar las instalaciones del Instituto a dos edificios que también pertenecen a la ABBE: uno ubicado en la calle Defensa 117/19, en San Telmo, y otro en pleno Caballito, entre las avenidas Rivadavia 4615, esquina Río de Janeiro, en Caballito.-¿Por qué el Gobierno de Alberto Fernández decidió mudar la sede del Instituto a otros edificios y no seguir ocupando el que ya había sido refaccionado en 2018?, le preguntó Infobae a Gustavo Pons, el vicerrector de la Universidad Madres de Plaza de Mayo.-En relación con Pueyrredón 19, estaba en estado ruinoso. No había ascensor, las personas con discapacidad no podían subir, y a eso hay que sumarle lo que pasaba -y pasa aún- en ese edificio, más próximo a la escenografía de “okupas”, que un edificio universitario. No tenía habilitación ni había posibilidades de obtenerla. No podía ser sede de un Instituto Universitario. Tampoco permitía albergar al total de la matrícula. El edificio de la calle Defensa, compartido con la Procuración del Tesoro, permitió garantizar las prestaciones mínimas a nivel académico, seguridad e higiene. Esa fue la razón, respondió el directivo.El acta del 15 de noviembre de 2023 está firmada por Caamaño, Oscar Alpa, en representación del Ministerio de Justicia y Adolfo Scrinzi, por el Ministerio de Educación.
El segundo y tercer piso ubicado en “la recova de once” no se traspasó. ¿La razón? Como se observa en los documentos oficiales, el gobierno de Fernández instaló, en el segundo piso, varias oficinas gubernamentales, entre ellas la del centro para asesoramiento de migrantes. El anuncio lo realizó el propio Ministro de Justicia y Derechos Humanos de entonces, Horacio Pietragalla Corti.Infobae dialogó breves minutos con Vázquez Burgueño. “Yo tengo todo arreglado con la gente de la ABBE de palabra. No tengo papeles. Hace 20 años que vivo con mi familia. Es verdad, la policía allanó mi casa. Las gallinas son mías. ¿Acá un boliche? No. Mire, se organiza algún que otro cumpleaños. Una vez los inspectores de la Ciudad nos clausuraron porque organizamos un cumpleaños. Boliche no. Lo que mostró el ministro Cúneo Libarona por la televisión es gente que enseña baile. Acá, en el tercer piso, nunca estuvo el instituto Madres de Plaza de Mayo. ¿El salón de actos? Bueno, sí, Buján lo usa unas pocas veces. Sí, es el mismo lugar dónde se enseña baile boliviano. ¿Si cobro alquiler? A usted que le importa. Vaya tranquilo nomás ya le dije lo que quería saber. Yo tengo arreglado todo de palabra. Vaya, vaya”.
-¿Una última pregunta?-¿Cómo llegó usted a este lugar, digo, a usurparlo?
-¿MILES?
Vázquez Burgueño mantuvo el breve diálogo con Infobae en la entrada del edificio en Pueyrredón 19.
“Sí, laburo conmigo hace 20 años. En un momento a él lo desalojan de otro lugar y por las de él, se manda a tomar el tercer piso y se apropia del lugar. Hay cien testigos que pueden corroborar eso”, dice D’ Elía. “A nosotros eso nos enojó mucho. A nosotros nunca nos gusto que él, instigado por la mujer, haya hecho eso. Fue un acto mezquino”, opinó el piquetero quien agregó: “Dado que hay muchos que quieren judicializarnos, tengo las constancias que el segundo piso que ocupamos por quince años, teníamos el permiso por escrito por la ABBE, igual que Depetri, quien sigue en el primer piso. No hicimos nada que fuera ilegal. No intrusamos nada. Al contrario, a cambio manteníamos el edificio”.
El 21 de noviembre el ministro Cúneo Libarona fue tajante. En su cuenta X escribió: “SE ACABÓ LA JODA”. Y explicó: “En un edificio destinado a ser una universidad, en lugar de estudiantes y aulas, encontramos una bailanta con luces, parlantes, alcohol y comida. Para quienes se divertían a costa del dinero de los argentinos, la fiesta terminó. Ahora enfrentarán todo el peso de la ley”.El compilado policial está musicalizado y con insert de parejas bailando rumba en la misma pista de cerámicos blancos y negros que antes era el salón de actos del Instituto Madres de Plaza de Mayo.
Los papeles indican que, hasta después de la pandemia eso era así. Sin embargo, al menos a partir de 2021, la casa de estudios se mudó y ese lugar fue cedido por la AABE al ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que nunca motorizaron el desalojo del tercer piso a pesar de ser un edificio del Estado bajo el resguardo de la ABBE.
Ahora Cúneo Libarona solicitó a la justicia el desalojo. Infobae accedió a parte del informe policial que labró la Policía Federal que allanó el lugar -las fotos que ilustran esta nota son de esa medida-.Y el relato policial continúa: “Seguidamente, se concurrió al tercer piso, allí se constató que reside una familia de apellido Vázquez, siendo recibido por la Señora Alicia Ester Álvarez de Vázquez quien vive en el lugar con su esposo y 4 hijos, desde hace 20 años a la fecha, no pagando ningún tipo de alquiler por el lugar, a la vez es vivienda de toda la familia, donde tienen un sector de gallinero con dos gallinas (son más según las imágenes), y en el inmueble conviven con cuatro perros”.
Ahora serán los tribuales los que deberán resolver si corresponde el desalojo del gallinero, la bailanta, los perros y la familia Vázquez Burgueño. También si hay responsables en los organismos del Estado por la supuesta “malversación de los inmuebles” por los que los gobiernos deberían velar ya que se mantienen con el impuesto de los contribuyentes.En la exposición judicial, que tramita en el juzgado de Servini, el ministro solicitó, entre otros puntos: “Se determine la responsabilidad de los funcionarios y personas involucradas en este hecho escandaloso y se adopten las acciones legales necesarias y el desalojo para corregir este grave desvío de los recursos públicos”.
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