27 de diciembre de 2022
Perú: dos heridos en un choque entre mineros y militares en Cusco
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Un grupo de mineros se enfrentó con tropas militares en el intento de liberar a 127 trabajadores que se encontraban desde hace dos semanas dentro de la planta de bombeo de gas de Camisea, en Kepashiato, en la provincia cusqueña La Convención.
Al menos dos personas resultaron heridas en Cusco, en el sur de Perú, por un enfrentamiento entre militares y mineros que procuraban liberar a más de 127 manifestantes que estaban encerrados en una planta de gas desde hace casi dos semanas, en el contexto de la reciente ola de protestas en el país, informó la prensa local.
El incidente se produjo en las inmediaciones de la planta de bombeo de gas de Camisea, en Kepashiato, en la provincia cusqueña La Convención.
Allí, un grupo de mineros se enfrentó con tropas militares en el intento de liberar a 127 trabajadores que se encontraban dentro de la planta desde el 13 de este mes.
Hasta la tarde de este domingo se habían reportado dos heridos y las autoridades investigaban si fueron alcanzados por proyectiles de armas de fuego, según el diario limeño La República.
La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) denunció el 13 de este mes que la planta había sido tomada por más de un centenar de manifestantes.
La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) denunció el 13 de este mes que la planta había sido tomada por más de un centenar de manifestantes
“Han ingresado a las instalaciones de la Planta Compresora Kámani tras forzar los accesos, poniendo en riesgo la seguridad e integridad del personal y solicitando parar las operaciones de la planta”, dijo TGP aquel día, según el diario Gestión.
El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, advirtió que la toma de esa clase de instalaciones podría paralizar el sistema de distribución de gas y dejar al país sin su principal fuente de energía.
La ocupación de la planta de Camisea se produjo en medio de la ola de protestas desencadenadas el 7 de este mes, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo después de que este anunciara la disolución del parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional con suspensión de garantías constitucionales.
Castillo fue arrestado inmediatamente y la Justicia le impuso 18 meses de prisión preventiva por rebelión y conspiración, por entender que intentó dar un golpe de estado.
Desde entonces, buena parte del país fue escenario de protestas -que dejaron cerca de 30 muertos- contra la sucesora de Castillo, Dina Boluarte, y en reclamo del adelantamiento de las elecciones generales previstas para 2026.
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